Ocurre a veces que el arrendatario o inquilino de una vivienda o local paga sistemáticamente con retraso las rentas del alquiler, incumpliendo el plazo que para ello se ha establecido en el contrato, que suele fijarse dentro de los cinco primeros días de cada mes o cualquier otro plazo que hayan acordado las partes contratantes.

Estos inquilinos acostumbran a pagar tarde y mal, sin respetar los plazos de vencimiento, provocando la confusión, malestar y el desconcierto del propietario/arrendador, que se siente impotente frente a la forma caótica y desordenada del pago de las rentas por parte del arrendatario, lo cual impide al arrendador discernir con claridad qué es lo que está cobrando.

Tales disfunciones en el pago de la renta tienen entidad suficiente como para integrar un supuesto de incumplimiento de la obligación esencial de pagar la renta en el plazo y términos convenidos en el contrato, por lo que el arrendador  está plenamente legitimado para solicitar judicialmente la resolución del contrato de arrendamiento  ex art. 1.124 del Código Civil por un incumplimiento flagrante que genera inevitablemente la finalización del contrato en sede de resolución, puesto que no estamos ante un mero retraso sino ante un verdadero incumplimiento contractual.

El momento del cumplimiento del pago de la renta es esencial en los contratos de arrendamientos en tanto en cuanto el precio es la contraprestación a la cesión del uso. El art. 1.555 del Código Civil establece que “el arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos”. Pongamos que el contrato de arrendamiento establece que la renta se pagará por mensualidades anticipadas dentro de los siete primeros días de cada mes. En modo alguno el retraso en el pago queda amparado por la costumbre del arrendatario de incumplir  dicho pacto.

En la misma línea jurisprudencia se concluye que de admitirse que el retraso no es incumplimiento se entraría en un terreno de peligroso relativismo y de casuismo inaceptable en el que sería preciso determinar cuántos días de dilación se consideran mero retraso y a partir de qué número de días el retraso pasaría a ser verdadero incumplimiento del arrendatario, pudiendo el arrendador instar la finalización del contrato por vía judicial e, incluso, el desahucio.

Distinto es el caso del inquilino que, acuciado por problemas económicos o por causas de cualquier otra índole, se encuentre en una situación difícil y formalice un acuerdo amistoso con el propietario que le permita fraccionar o aplazar el pago de las rentas por el período de tiempo que convengan ambas partes, en cuyo caso habrá que estar a los acuerdos expresamente consensuados entre el arrendador y el arrendatario.

 

Francisca Negre Vila. 

Abogada

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