Después de tan solo un año y medio desde que se decretara el cierre de las doce minas de carbón de Asturias, Aragón y Castilla y León que seguían funcionando, España clausura definitivamente siete de las quince centrales térmicas que aún emplean este combustible.

España sigue con el rápido proceso de descarbonización: entre el 1 enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, en nuestro país se han cerrado las minas de este mineral aún productivas y se ha comenzado a desmantelar siete de las quince plantas que lo queman para producir energía. 

Esta decisión se debe a la Directiva de Emisiones Industriales. Esta normativa europea de 2010, por la que se ha regulado las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de origen industrial estos últimos años, daba de plazo hasta el 30 de junio de 2020 para, mediante importantes inversiones en sistemas de filtrado, poder seguir operando, o cesar la actividad. Estas inversiones han supuesto un desembolso inviable económicamente hablando, como lo demuestra el cierre de siete plantas que sumaban una potencia de 4.630 megavatios, cerca de la mitad de la potencia total del carbón en España. 

Las plantas que ya dejaron de funcionar el día señalado son Compostilla (León), propiedad de Endesa; Velilla (Palencia), de Iberdrola; Meirama (A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León), las tres de Naturgy; Andorra (Teruel) y Puente Nuevo (Córdoba), ambas de Viesgo. 

Otras cuatro también han solicitado el cierre al Gobierno: Lada (Asturias), de Iberdrola; As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) de Endesa; Los Barrios (Cádiz) de Viesgo. Estas suponen 3.092 megavatios, conque solo quedarán 1.961 megavatios, repartidos entre Aboño (Asturias, de EDP HC Energía), Soto de Ribera (Asturias, también de EDP HC Energía) y Es Murterar (Mallorca, de Endesa).

A lo anterior, ha de sumarse el incremento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que han pasado de una media de 5,8 a 24,8 euros por tonelada en 2019, lo que ha supuesto una sensible disminución en nuestro país: el año pasado las emisiones CO2 descendieron de 33,5 a 10,3 millones de toneladas, una reducción del 69,4% con respecto a 2018, según explican en La Vanguardia. Por supuesto, la producción de energía por quema de carbón también ha sufrido una importante reducción, que se cifra en el 68% de 2018 a 2019.

Un procedimiento complejo 

Pese a que es el Gobierno el que debe autorizar el desmantelamiento de las centrales termoeléctricas, no es una decisión que dependa exclusivamente del Ejecutivo. Para que este lo consienta, las instalaciones deben recibir previamente la autorización de otros órganos administrativos.  

En primer lugar, es necesario un informe de Red Eléctrica de España, para evaluar que el suministro eléctrico seguirá garantizándose tras el cierre de la central que lo solicita. En segundo lugar, las plantas deben contar con un informe del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno correspondiente al área geográfica en la cual esté situada. Además, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) ha de remitir una propuesta de autorización de cierre para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elabore un informe al respecto.

Finalmente,  el Observatorio de la Sostenibilidad también debe elaborar un informe, con base en la evaluación de impacto ambiental simplificada.  

Así, España sigue avanzando hacia una sociedad sostenible y la implantación de las llamadas energías limpias, en pos de cumplir con el objetivo de la Unión Europea y en línea con el Acuerdo de París. Firmado en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en 2015, en él se establece el propósito de reducir las emisiones de CO2 con respecto a las de 1990 en un 40% para 2030 y en un 80-95% para el 2050. Cabe subrayar que estas plantas son responsables del 15% de la totalidad de gases de efecto invernadero de España. 

Al respecto, la especialista en energía y cambio climático de Greenpeace Tatiana Nuño, afirma a El País que para 2025 «ya no habrá generación con carbón», estimación avalada por Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

Alternativas limpias

En la actualidad existen diversas alternativas a las denominadas energías sucias —aquellas que no son renovables: la eólica (se obtiene del viento); la solar (cuyas principales tecnologías son la fotovoltaica, que aprovecha la luz del sol, y la térmica el calor del sol); la hidráulica o hidroeléctrica (generada a partir de los ríos y corrientes de agua dulce); la geotérmica (aquella contenida en el interior de la Tierra); la mareomotriz (de las mareas); la undimotriz u olamotriz (se consigue gracias a las olas); el bioetanol (un combustible de productos vegetales fermentados y apto para la automoción); el biodiésel (combustible orgánico hecho con aceites vegetales, utilizable en automoción); y la biomasa y biogás (se extrae de materia orgánica).

Según el anuario estadístico de la capacidad renovable que realiza la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), España ocupa el décimo puesto mundial en términos de capacidad total en energías renovables en 2019, además del quinto en eólica y el noveno en solar. Asimismo, en nuestro país se encuentran en fase de  desarrollo siete ideas innovadoras, tales como un proyecto para la eficiencia energética con garantía de ahorros, un cargador de vehículo eléctrico optimizado y bidireccional o una plataforma de compraventa de energía a través de blockchain dirigida a la venta de prosumidores (productor y consumidor a la vez) a otros agentes del mercado.

Fuente: www.am.pictet